Opinión

En su mensaje sobre los cambios propuestos al Código Procesal Penal, la presidenta explicó que el mismo abrirá la posibilidad de que los ciudadanos extranjeros que sean pescados en un delito “in fraganti”, puedan ser expulsados del país con la prohibición de reingresar al mismo por 15 años.

No es menor la preocupación que nos provoca esta propuesta que, entendemos, constituye una concesión a los planteos que buscan enfrentar el problema de la seguridad con más represión, confrontando con los enfoques garantistas y favoreciendo la aplicación de mano dura en línea con lo expresado por el secretario de seguridad, Sergio Berni.

Son particularmente delicadas estas apreciaciones que siguen la idea de vincular delito con inmigración. Si bien, como recordó la presidenta, nuestro país tiene importantes antecedentes de apertura inmigratoria, no se pueden ocultar los también importantes antecedentes de xenofobia y persecución política que se han manifestado en nuestra historia, para esto solo basta recordar la tristemente célebre Ley de Residencia 4144.

Resulta imposible no imaginar que planteos y medidas como las propuestas no sean utilizados por la derecha para desarrollar todo tipo de discriminación y ataques contra distintas colectividades que habitan en nuestro país.

El movimiento popular debe levantar la guardia ante este peligro y enfrentarlo decididamente en forma unitaria.